El relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y sustancias químicas apoya la reforma de la Ley General de Salud para la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos en el Senado

Reproducimos abajo los primeros párrafos del comunicado enviado a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que deberá comunicarlo a la Secretaría de Gobernación y ésta a las comisiones de salud y de asuntos Legislativos del Senado, que tiene que dictaminar el proyecto de Reforma a la Ley General de Salud. El comunicado completo se puede leer aquí o descargar aquí

Comunicado del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

Ref.: OL MEX 13/2022

Ginebra, Palacio de Naciones, 10 de noviembre de 2022

Excelencia,

Tengo el honor de dirigirme a Usted en mi calidad de Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, de conformidad con la resolución 45/17 del Consejo de Derechos Humanos.

En atención a la propuesta de reforma a la Ley General de Salud en México con la finalidad de establecer un programa nacional para la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y el fomento de bioinsumos y sistemas agroecológicos, me complace expresar mi felicitación y apoyo a esta iniciativa. De ser adoptada, permitirá la promoción y protección de los derechos humanos a una vida digna, a la salud, y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud de México prohíbe y restringe progresivamente los plaguicidas altamente peligrosos, mismos que constituyen un grave riesgo para el medio ambiente y las personas, en especial para grupos vulnerables como pueblos indígenas y niños. Además, la propuesta de reforma a la Ley General de Salud empezará a poner fin a que otros países envíen plaguicidas altamente peligrosos a México que han sido prohibidos o severamente restringidos en los lugares de origen. Asimismo, la reforma de Ley fortalecerá las herramientas para que el Estado mexicano garantice el derecho a la vida digna, a la salud, alimentación, agua, y medio ambiente limpio, saludable y sostenible de su población.

El Proyecto de Decreto responde a medidas tomadas en países industrializados de prohibir el uso de plaguicidas como el glifosato, por ser considerados altamente peligrosos, y consolida la decisión presidencial de México para sustituir gradualmente el uso del glifosato hasta eliminar su uso en el 2024. El Proyecto de Decreto de la Ley General de Salud establece que se ordene y supervise la restricción y prohibición “de los plaguicidas altamente peligrosos y otros que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, (…) considerando como criterios aquellos que contienen sustancias tóxicas prohibidas en tratados, convenios y organizaciones internacionales de los que México es parte, o que tienen una o más de las características, según criterios emitidos por alguno de éstos.”

(….)

Gracias a los avances de la ciencia, la comunidad internacional dispone de conocimientos sobre los riesgos y daños que entrañan las sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Este cúmulo de conocimiento permite elaborar políticas y medidas para hacer frente a esas amenazas y asegurar el respeto y garantía del goce efectivo de los derechos humanos que se ven comprometidos cuando personas y comunidades están expuestas a sustancias y desechos peligrosos.

Sin embargo, ciertos intereses corporativos pretenden mantener productos peligrosos en el mercado, a sabiendas de los riesgos y efectos nocivos que implican y en detrimento de la adecuada protección de los derechos humanos. Muchas veces estos intereses emplean tácticas de negación, distracción y distorsión para confundir al público y perpetuar la exposición a sustancias peligrosas. Ese es el caso de plaguicidas altamente peligrosos, los que generan riesgos y daños graves a trabajadores, pueblos indígenas, comunidades campesinas, y consumidores.

(…)

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