Pronunciamiento

Sobre el decreto que prohíbe 35 plaguicidas en territorio nacional

El reciente decreto presidencial, publicado el 4 de septiembre de 2025, que establece la prohibición de 35 plaguicidas obsoletos, es un decreto que cuidó a la industria y no resuelve el gran problema de los plaguicidas en México. Ha sido presentado como un avance en la protección de la salud y el ambiente; sin embargo, desde una perspectiva científica, social y ética, este decreto es insuficiente y limitado, pues responde más a los intereses de la industria que a una verdadera política integral de protección a la población.

Los plaguicidas incluidos en la lista corresponden, en su mayoría, a moléculas obsoletas, retiradas de mercados internacionales desde hace años y con registros cancelados en nuestro país. En este sentido, el decreto no representa un cambio sustancial que tenga un impacto en el uso real de los Plaguicidas Altamente Peligrosos que se continúan comercializando y aplicando de manera indiscriminada en el país. Más de 200 plaguicidas clasificados como altamente peligrosos siguen vigentes en México, con evidencia científica que vincula su exposición con efectos adversos en la salud humana, como cáncer, alteraciones endocrinas, daños neurológicos y reproductivos, entre otros. Además de impactos severos en la biodiversidad y los ecosistemas, como el grave problema de la muerte masiva de abejas en México por fipronil y otros plaguicidas neonicotinoides.

Este decreto no resuelve la verdadera crisis, causada por la dependencia de un modelo agrícola intensivo basado en el uso de agroquímicos altamente tóxicos que afectan de manera desproporcionada a comunidades rurales, trabajadores del campo, mujeres y a la niñez. Sin una regulación efectiva, que no busque alternativas a este modelo, se perpetúan desigualdades sociales y de salud en estas poblaciones que son las que más sufren los impactos de los plaguicidas en nuestro país. México continúa en una posición de rezago frente a otros países que ya han avanzado en regulaciones más amplias y consistentes con la evidencia científica.

Urge una coherencia regulatoria que deje de proteger intereses económicos y garantice los derechos humanos de la población. Como lo dicta el Artículo 4 de la Constitución Mexicana que obliga a todas las autoridades mexicanas a proteger derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la alimentación de calidad para un desarrollo integral y al acceso a agua saludable. Prohibir 35 plaguicidas obsoletos es una medida que no resuelve el problema estructural ni protege de manera efectiva el ambiente, la salud de las y los mexicanos, ni a las futuras generaciones.

La Red Temática de Toxicología de Plaguicidas y la Red ESPESIES expresamos nuestra preocupación por este decreto y el rumbo de la política regulatoria de plaguicidas, reiteramos nuestro compromiso de aportar evidencia científica y propuestas para avanzar hacia una política integral que ponga en el centro de prioridades la protección de la vida, la salud y el ambiente, y no los intereses de la industria agroquímica.

La salud no se negocia. La equidad y la protección al ambiente tampoco.

Atentamente,

Red Temática de Toxicología de Plaguicidas

Conformada en el año 2015 por más de 100 académicos adscritos a diversas Universidades de Educación Superior y Centros de Investigación, interesados en la temática de plaguicidas.

Red ESPESIES (Red para la Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes)

Conformada por un grupo de investigadoras e investigadores de diversas instituciones nacionales, interesados en la salud pública, y preocupados por las amenazas ambientales, climáticas y ecológicas.